PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN HONDURAS

 

En el contexto de los numerosos desafíos que enfrentan los sistemas de educación pública a escala mundial, la creciente privatización y mercantilización representa uno de los mayores desafíos para la igualdad en el acceso a una educación de calidad. En un estudio realizado recientemente con el apoyo de la Internacional de la Educación, proponemos explorar la evolución más reciente de la reforma educativa en Honduras y analizar las distintas manifestaciones y tendencias de privatización educativa en el país.

Según detallamos en el estudio, y al margen cuyo análisis no hemos incluido por haber sido objeto de numerosas investigaciones previas, las formas de privatización educativa identificadas incluyen:

La provisión de educación pre básica por parte de fundaciones privadas,

El surgimiento de escuelas privadas de bajo costo,

El cobro de cuotas a las familias con niños en escuelas públicas,

La provisión privada resultante de la insuficiencia de las escuelas públicas en el nivel secundario,

La incursión de empresas en la educación a través de la responsabilidad social corporativa,

La creciente participación de las ONG y las organizaciones con fin de lucro subcontratadas por las agencias de cooperación y la puesta en marcha de las políticas de rendición de cuentas.

Según se advierte en el estudio, no existen explicaciones sencillas para el proceso de privatización educativa en Honduras. Esto se debe a que el problema no es simplemente la privatización, sino también el sistema que lo produce y en el que el proceso se inscribe y realimenta. Por un lado con un estado que no garantiza cobertura, con poca capacidad técnica para producir política educativa y pocos recursos para implementarla, el sistema se encuentra en rigor atrapado entre la globalización y la privatización.

En este sentido, cabe destacar el efecto paradójico de un proceso de des centralización
desfinanciado que ha dejado a los niveles de gobierno departamentales, municipales y distritales sin los recursos y capacidades técnicas necesarias para hacer frente a las demandas locales del sistema y a las propias escuelas, último eslabón de la cadena, frente a la necesidad de solventar gastos operativos esenciales exigiendo el pago de cuotas a las familias.

Consideramos y es nuestro deseo que los resultados de la investigación presentada contribuyan a entablar un debate crítico sobre los vínculos que existen entre el derecho de los y las estudiantes a una educación de calidad, el derecho de los y las docentes a condiciones de trabajo de calidad y la regulación de los actores privados por parte del Estado.

Con esta investigación se espera promover además un debate sobre el desarrollo y la implementación de marcos legislativos con el fin de proteger el derecho a la educación y lograr una educación pública de calidad y equitativa para todos.

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